La amnistía en el contexto legal no es una transgresión a la separación de poderes, sino una herramienta legislativa que responde a principios constitucionales y democráticos. Examinemos cómo se alinea con la Constitución Española y los estándares europeos
Compatibilidad con la Constitución Española. Primero, consideremos el principio de exclusividad jurisdiccional (Art. 117.3 CE). Este artículo prohíbe al legislador asumir o delegar la función judicial. Sin embargo, una ley de amnistía no usurpa esta función judicial. Su propósito no es juzgar o ejecutar lo juzgado, sino modificar el derecho aplicable tanto en el enjuiciamiento de hechos como en la revisión de condenas ya impuestas. Aquí, la función judicial sigue siendo ejercida exclusivamente por los jueces.
Impacto en la Independencia Judicial y la Tutela Judicial Efectiva
La independencia judicial (Art. 117.1 CE) y el derecho a la tutela judicial efectiva (Art. 24.1 CE) son pilares de nuestro sistema legal. La implementación de una ley de amnistía no menoscaba estos principios. Los jueces mantienen su independencia en la aplicación de la ley. Además, la amnistía no impide el acceso a la justicia ni vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva.
Normativa Europea y Estándares Internacionales
En cuanto a los estándares europeos, como los establecidos en el Tratado de la Unión Europea (TUE) y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CDFUE), la amnistía no entra en conflicto con estos. Es crucial entender que la amnistía, implementada correctamente, puede coexistir con las normas y valores europeos.
Amnistía: Política vs. Legalidad
La amnistía, como cualquier medida legislativa, puede generar controversia política. Sin embargo, es fundamental distinguir entre desacuerdos políticos y la legalidad de la amnistía. Una postura contraria a la amnistía no justifica la distorsión de principios constitucionales o la evitación del debate político necesario.
Respetando la Constitución y la Democracia
La ley de amnistía, lejos de lesionar la separación de poderes, es una manifestación de la capacidad legislativa en un marco democrático. Su implementación debe estar guiada por un respeto profundo a la Constitución y a los principios de justicia y equidad. Como sociedad, debemos abogar por un debate informado y constructivo, reconociendo la amnistía no como una transgresión legal, sino como una expresión de la voluntad política y legal de un Estado democrático.
